Mediación familiar para el divorcio

Si le interesa mediar durante su proceso de divorcio, nuestros abogados, desde su despacho de Alicante, pueden ocuparse de explicarle la forma de conseguirlo. La ley de Mediación estatal no incluye expresamente la mediación en derecho de familia, pero nuestros abogados saben cómo aplicarla, para conseguir mejores soluciones en el menor espacio de tiempo posible. ¿Cómo lo hacemos?

Pues bien, la mediación familiar no está incluida, pero tampoco expresamente excluida del ámbito de aplicación de la Ley estatal de mediación. El ámbito de aplicación comprende las materias propias del Derecho de familia que sean disponibles por las partes. La mediación se centra únicamente al ámbito de competencias del Estado en materia de legislación mercantil, procesal y civil, que permiten articular un marco para el ejercicio de la mediación, sin perjuicio de las disposiciones que dicten las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias.

Como conclusión, podemos decir, por tanto, que la ley de mediación incluye la mediación familiar entre sus competencias, siempre y cuando respete las competencias de las Comunidades Autónomas para regular la mediación familiar, especialmente la realizada por los servicios públicos correspondientes. Esta interpretación coincide con la normativa comunitaria y que concede a la ley estatal un papel supletorio respecto a las leyes de mediación autonómicas, y de aplicación directa en materias de competencia exclusiva estatal.

El ámbito material sobre el que versa la mediación familiar regulada por las Comunidades Autónomas es amplísimo, y está basado en diversos títulos competenciales, determinado por el concepto de conflictos familiares, pero también desde un ámbito subjetivo por la existencia de vínculos familiares, entendido en un sentido extensivo. Sobre la naturaleza de los conflictos mediables coinciden, en general, las normas autonómicas en que se refieren a cuestiones de Derecho civil familiar o de Derecho privado, disponibles por las partes, o sin serlo, que puedan ser judicialmente homologadas, y susceptibles de ser planteadas judicialmente.
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