La promesa de matrimonio o esponsales es una situación mediante la cual dos personas se comprometen a contraer matrimonio en un momento posterior.
Tradicionalmente, la figura de la promesa de matrimonio tenía mucho peso en nuestra sociedad, ya que se consideraba un pacto solemne entre familias y parejas.
Aunque es cierto que en la actualidad ya no tiene el mismo significado que antes, el Código Civil sigue regulando los efectos de esta situación, estableciendo algunas consecuencias legales.
En particular, nos preguntamos qué ocurre si uno de los miembros de la pareja retira su intención de contraer nupcias, dejando a la otra parte en una situación de incertidumbre.
Debemos partir de que la ley no obliga a ninguna persona a casarse, ya que ello atentaría contra los derechos fundamentales de libertad y libre decisión.
De hecho, el Código Civil señala expresamente que no será admisible una demanda cuando se pretenda el cumplimiento forzado de la promesa realizada.
Sin embargo, aunque nadie puede ser obligado a casarse, la retirada injustificada de esta promesa sí que puede generar consecuencias legales desde el punto de vista civil.
Tal como indica el Código en su artículo 43, incumplir sin una causa la promesa de matrimonio hecha por un individuo con la mayoría de edad o por un menor ya emancipado solo producirá la obligación de resarcir los gastos ocasionados.
Esto significa que la parte que desiste del compromiso deberá compensar ciertos perjuicios económicos sufridos por la otra persona.
En otras palabras, se establece la obligación de compensar a la otra parte por los gastos ocasionados. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se han producido los gastos habituales de una boda -celebración, banquete, vestido...-, o incluso se haya comprado una vivienda.
De esta forma, la promesa de matrimonio funcionaría como un contrato, cuyo incumplimiento puede generar consecuencias patrimoniales en favor de la parte afectada.
Los gastos que pueden ser objeto de compensación incluyen los derivados de la preparación del matrimonio, tales como la reserva del lugar de la ceremonia, los pagos anticipados por el banquete y otros desembolsos.
Además, en algunos casos, si la pareja adquirió bienes de forma conjunta con vistas al matrimonio, la parte afectada podría reclamar su parte proporcional en la disolución de estos bienes.
Si una persona se encuentra en la situación de haber invertido económicamente en una boda que finalmente no se celebrará, es recomendable buscar asesoramiento legal para determinar qué derechos tiene.
La mejor forma de gestionar estas situaciones es intentar un acuerdo amistoso entre ambas partes para evitar largos procesos judiciales y minimizar los costes emocionales y económicos.
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